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La responsabilidad civil ex delicto.

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Publicado por en Derecho Civil y Penal ·
De todo delito o falta (Ahora delitos leves) puede nacer acción civil. La acción penal no se extingue por renuncia de persona ofendida. La víctima podrá hacer la reserva o renuncia de acciones civiles. Dicha renuncia deberá ser expresa, y vinculará al ministerio fiscal, quien en caso de renuncia, deberá apartarse de la acción civil.

La finalidad última de muchos procesos penales es obtener una indemnización. La responsabilidad civil derivada de delito es derecho civil, no penal. Son normas civiles introducidas en el código penal, consecuencia del sistema dual que tenemos en España, según el cual, en un mismo proceso se ventila el hecho delictivo y las consecuencias del mismo desde el punto de vista del daño producido. Son normas civiles donde rigen principios civiles y no penales, como pº rogación y pº congruencia, donde la victima puede llegar a un acuerdo con el agresor cuanto a responsabilidad civil, pero no en el ámbito penal.
La jurisprudencia aplicable es la de la Sala 2ª TS (Penal) pero también de la Sala 1ª (Civil).

La ley actual no dice hasta qué momento puede renunciar la víctima a la acción civil. Aplicando la lógica, cuando se determina la calificación (y se concreta la imputación), es el momento más oportuno de optar por renunciar o  no. Posteriormente podrá hacerse, pero condenarían en costas. También se podrá terminar el proceso con acuerdo entre las partes litigantes, y mencionar a su vez el posible acuerdo de renuncia del ejercicio de la acción civil y penal y de las costas derivadas del procedimiento.
Debemos tener presente que siempre hay que solicitar de manera expresa la responsabilidad civil derivada de delito, en base al principio de rogación y congruencia.

En la modificación del escrito de calificación no se podrá pedir la responsabilidad civil si no se pidió en  el escrito inicial de calificación, en base a los principios civiles antes citados; siendo apelable ante el TS.
Dicha responsabilidad civil, puede ejercitarse en el mismo procedimiento penal, de manera subsidiaria, o por el contrario, se brinda a la víctima del ilícito penal, la posibilidad de reservar acciones civiles en el proceso civil, una vez concluido el proceso penal. La reserva de acciones civiles deberá hacerse en el escrito de calificación, en el momento que termina la fase intermedia del proceso penal y se procede a dictar auto de apertura de juicio oral. La pieza de responsabilidad civil, siempre podrá dejarse para la fase de ejecución de sentencia.
La responsabilidad civil se reflejará en tres pretensiones, las cuales siguen un orden jerárquico de aplicación:
En primer lugar se contemplará la posibilidad de llevar a cabo la restitución de la situación o bien dañado, acción que se asemeja a la acción reivindicatoria civil, mediante la cual se pretende que las cosas vuelvan a su estado originario.
Cuando llevar a cabo la restitución suponga una carga extremadamente gravosa, ello descartará la restitución y dará lugar a indemnización. En aquellos casos que el bien a restituir esté en manos de un tercero, se desposeerá a éste del bien, excepto en los casos en que dicho bien fue adquirido según la forma legal de comercio público. Las operaciones de carácter gratuito van a ser por norma general, revocables y por ende restituibles.

En segundo lugar es procedente la reparación del daño. Normalmente procede en los casos de delitos de injurias y calumnias.
En tercer lugar procederá la indemnización, en defecto de aplicación de las dos medidas anteriores. La indemnización por responsabilidad civil derivada de delito podrá ser por daños materiales y morales. El cuantum de la indemnización le corresponderá fijarlo al juez de instancia, pero las bases de dicha indemnización podrán ser en todo momento revisables (y en su caso modificables en el escrito de calificación definitivo).

Se podrá indemnizar en los casos de destrucción de un bien, en los casos que se pruebe lucro cesante (aquello que se ha dejado de ganar consecuencia del daño sufrido), por “pecunia doloris” (respecto de aquellas molestias e incomodidades que nos provoca el hecho sufrido), indemnización por daño moral (en aquellos casos que se sufra deshonor, preocupaciones, deshonra, agonía, o una segunda victimización, que tiene lugar en aquellos supuestos en que la víctima debe volver a recordar los hechos para afrontarlos delante de la justicia), y finalmente indemnización por daño de muerte y por daño moral de muerte en concepto de perjudicado más que de heredero.

La parte actora, basará la cuantía a indemnizar solicitada mediante las Tablas de la Ley de Responsabilidad Civil y Seguro, utilizadas comúnmente para establecer la cuantía a indemnizar en los accidentes de tráfico. La diferencia principal la encontramos en que, dichas tablas en los delitos que no tengan relación alguna con los accidentes de circulación serán meramente orientativas, pudiendo la querellante aumentar el valor a indemnizar de las mismas, en base al daño sufrido. Corresponderá al juez, como ya se apuntó anteriormente, determinar la procedencia o no de dichas indemnizaciones solicitadas.

La responsabilidad civil podrá atribuirse a distintas personas de manera conjunta, cuando se aprecie que ha mediado concurrencia de culpas derivadas de delito, así como atribuirse dicha responsabilidad al autor del delito y a los cómplices del mismo.
Debemos tener claro, que mientras haya acción penal no podrá haber acción civil, puesto que el derecho penal prima sobre las cuestiones civiles que deriven de éste, habiendo una prejudicialidad absoluta.

También puede suceder que en un proceso civil se narren hechos en la demanda de apariencia delictiva, lo cual conllevará que el juzgado, de oficio, tramite la causa al ministerio fiscal, por si hubiere delito.

En aquellos casos que haya una sentencia absolutoria en la vía penal, se abrirá la vía civil, sobre los hechos objetivos probados en la vía penal.

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